José Luis Álvarez-Castellanos Rubio/Coordinador Regional de IU-Verdes
Hace unas semanas el ayuntamiento de Mula se adhirió al Mecanismo de Pago a Proveedores 2023, mecanismo del Ministerio de Hacienda para facilitar a los ayuntamientos el pago de las deudas pendientes. A cambio las entidades locales adheridas han de presentar un Pan de Ajuste que no descarta retenciones a cuenta en la participación de dichas entidades locales en los Tributos del Estado.
Desde el punto de vista de los proveedores es un mecanismo útil que evita que pequeñas empresas cuya facturación dependa en buena medida de una administración pública puedan verse en apuros financieros por impago de sus trabajos.
En el caso de los municipios de la Comarca del Noroeste y Río Mula, cinco de los ocho municipios (de Albudeite no ha datos) se encuentran en la misma situación: Campos del Río con una deuda de 1.030.640€ (diciembre 2022) y Moratalla con 973.270€ se han adherido obligatoriamente por su alta deuda en relación al presupuesto disponible; Cehegín, Mula y Pliego lo ha hecho de manera voluntaria.
Los cinco sobrepasan con creces el periodo medio de pago a proveedores establecido por ley para las administraciones públicas que es de 30 días: Moratalla paga a 377 días de media, Campos del Río a 272, Mula a 101, Cehegín a 93 y Pliego a 59.
El resto de municipios, Bullas y Calasparra, pagan dentro del periodo establecido (28 y 20 días respectivamente) y Caravaca en un periodo medio de 35 días.
Es evidente que las diferencias tan acusadas entre unos ayuntamientos y otros se explican por causas diversas, sin excluir la mala gestión de algunos gobiernos municipales, pero hay una razón común a todos y es la falta de financiación de las Corporaciones Locales cuyos presupuestos han de nutrirse tanto de los tributos propios como de su participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas (Artículo 142 de la CE).
Y así, mientras existe un mecanismo de financiación para los ayuntamientos que articula su participación en los tributos estatales (en diciembre de 2021 suponían el 21% del total de la recaudación de dichos tributos) con fórmulas establecidas de entregas a cuenta periódicas que aseguran cierta estabilidad en los ingresos municipales, no existe ningún mecanismo, norma o legislación que establezca un sistema de financiación local a través de la participación de los municipios en los tributos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como sí existe en la mayoría de CCAA. Es esta una vieja reivindicación de la Federación de Municipios de la Región de Murcia que el PP en el gobierno no atiende, sin expresar, además, razón alguna.
Es más, dentro de la financiación que la CA recibe del Estado hay una partida proveniente del Sistema de Financiación Provincial (294,6 millones en 2023) que en otras CCAA pluriprovinciales administran las Diputaciones con destino en los municipios y que en nuestro caso administra la CARM sin que revierta en la misma cantidad en los ayuntamientos. Es más, la inmensa mayoría de las transferencias de dinero que estos reciben del gobierno regional se realizan a través subvenciones en régimen de concurrencia competitiva sin tener en cuenta criterios como la población, la dispersión población, la extensión del municipio o la situación de las infraestructuras, por referir solo algunos de ellos.
Ahora que ya estamos en pleno periodo electoral deberíamos exigir que nuestros ayuntamientos estén suficientemente financiados, pues de ello depende la calidad y la misma existencia de nuestros servicio públicos municipales. La existencia de una ley regional de financiación local sería lo adecuado y que estuviera blindada en el Estatuto de Autonomía, lo ideal.
