JOSÉ LUIS ÁLVAREZ CASTELLANOS/COORDINADOR@IUVRM

Hace unas semanas conocimos la trágica noticia del accidente mortal en la pedanía caravaqueña de La Almudema de una furgoneta que transportaba a trabajadores/as del campo procedentes de Lorca con el funesto resultado de tres víctimas mortales. Un accidente in itinere que viene a engrosar la larga lista de accidentes laborales en nuestra región que se nutre muy especialmente de los que afectan a trabajadores/as del campo.

Se trata de una cara más del poliédrico problema del trabajo en las explotaciones agrícolas de la agroindustria caracterizado por horarios extensos, a veces en condiciones climáticas extremas, y jornadas que se agrandan por los largos desplazamientos que, en numerosas ocasiones, los trabajadores/as se ven obligados/as a realizar en furgonetas abarrotadas cuyo conductor suele ser uno de ellos mismos cargado, además, con el cansancio agotador de la jornada de trabajo en el campo.

Condiciones que se unen a los bajos salarios y la precariedad en relación con los derechos laborales que, en no pocas ocasiones, derivan en abusos e incluso delitos, algo que puso de manifiesto la campaña de inspecciones en el campo del Ministerio de Trabajo entre 2020 y 2021 y cuyo resultado arrojó una proporción de infracciones por abusos e incumplimiento de los derechos de los trabajadores/as de una de cada tres empresas inspeccionadas.

Todavía resuena el nombre de Eleazar Blandón muerto por un golpe de calor en agosto de 2020 mientras trabajaba a 44º en el campo de Lorca, siendo abandonado en la puerta del Centro de Salud, y más recientemente el de las seis trabajadoras inmigrantes de las que abusó sexualmente un capataz a las que obligaba, si querían ser contratadas, a mantener relaciones sexuales aprovechándose de su vulnerabilidad derivada de su situación administrativa, económica y personal; personaje que ha sido condenado a 42 años de prisión por sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia gracias a la denuncia de dos de las trabajadoras tramitada por CCOO. Se trata de uno de los nueve detenidos en septiembre de 2020 por delitos de abuso sexual y contra los derechos laborales de los trabajadores/as que eran capataces de explotaciones agrícolas y formaban una completa red de extorsión laboral.

Se podrían añadir decenas de ejemplos con solo repasar ligeramente la hemeroteca y que vendrían a mostrar la cruda realidad, que de vez en cuando emerge a los medios de comunicación de forma lúgubre y trágica, de un modelo de explotación agrícola que, además de contaminar por nitratos nuestros suelos y masas de agua, somete a los trabajadores/as a condiciones de explotación inaceptables.

En nuestra crítica al modelo de explotación agroindustrial intensiva no debemos disociar el aspecto medioambiental, que suele predominar, del aspecto laboral y humano que representan las condiciones laborales de los trabajadores/as que trabajan en dichas explotaciones y que, además, suelen ser inmigrantes en su inmensa mayoría. La transformación del modelo agrícola, tan necesaria, no estaría completa ni bien enfocada si no se luchara por transformar ambos aspectos.

Es verdad que no es justo generalizar y este retrato que acabamos de reseñar en este artículo no será aplicable a numerosos ejemplos y situaciones totalmente contrarias a las condiciones que describimos, como también es verdad que se produce en un grado e intensidad que las hacen insoportables por más tiempo. Un primer paso sería extender la sindicación entre los trabajadores/as del campo, un sector con bajísima afiliación sindical, y un segundo paso continuar con las campañas de inspección desde el Ministerio de Trabajo que han demostrado, con datos en la mano, la existencia de bolsas de fraude incompatibles con un estado de derecho digno de dicho nombre.