JOSÉ LUIS ÁLVAREZ-CASTELLANOS/Coordinador IU-Verdes Región de Murcia
No es precisamente la del Noroeste y Río Mula una comarca especialmente y de manera reitera bien tratada en los Presupuestos Generales de la CARM, en los que ahora se tramitan para 2023, tampoco. Recortes en la financiación local, desatención de las infraestructuras, fundamentalmente carreteras en zonas rurales, y falta de inversiones para mejorar los servicios públicos marcan la tónica habitual, amén de la fulgurante aparición en los presupuestos de 2019 y 2020 de unas ridículas partidas destinadas a luchar contra la despoblación rural que ni siquiera llegaron a ejecutarse.
Municipios como Mula, Caravaca o Moratalla con una gran extensión territorial, con numerosa población diseminada en multitud de pedanías y con una amplia dispersión de servicios por estas mismas circunstancias necesitan de una financiación suficiente y constante que asegure las competencias de la administración más cercana al ciudadano/a como es el ayuntamiento. Cada año la CARM recibe dinero del Sistema de Financiación Provincial que otras CCAA multiprovinciales destinan a los ayuntamientos a través de las Diputaciones pero que en el caso de nuestra CA apenas repercute en los municipios.
Para el próximo año 2023 hablamos de 294 millones y más de 230 en este mismo año 2022, cifras que contrastan con los 12,7 millones de la Dirección General de Administración local más la reducida y congelada partida destinada a financiar unidades de policial local (16,4 millones), como políticas de mayor inversión de la CARM en los servicios municipales.
De infraestructuras viarias mejor no hablar, la permanente e insultante reseña de los 100.000 euros para la “mejora de la carretera entre Benizar, Otos y Mazuza”, incluidos en todos los Presupuestos de la CARM desde 2020 y nunca ejecutados, son la muestra más palpable del desprecio del gobierno regional de López Miras por estas tierras.
Pero, sin duda, la peor afrenta se produce en las inversiones destinadas a mejorar los servicios públicos, fundamentalmente sanidad y educación. Entre las primeras parece que, por fin, pueden verse concluidas, salvo nuevas sorpresas, las obras del Centro de Salud de Caravaca y la ampliación del Hospital Comarcal del Noroeste, UCI incluida. No hay nada que no acelere, al menos, un año electoral. Sin embargo, el problema puede venir de la mano de la inversión en recursos humanos, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada. No olvidemos que los 111 médicos prometidos en el acuerdo con el sindicato médico (CESRM) para Atención Primaría se muestran insuficientes, a tenor del estudio de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública que estima las necesidades en 138 facultativos, y, además, las Áreas de Salud periféricas tienen siempre mayores problemas para cubrir plazas, algunas de difícil desempeño.
Peor es el caso de los/as enfermeros/as con solo 30 nuevos efectivos en Atención Primaria para toda la Región cuando en este presupuesto actual de 2022 está previsto la reducción de 680 efectivos de personal sanitario no facultativo. Y no digamos los 11 especialistas en fisioterapia cuando la situación de la lista de espera en Rehabilitación supera los 21.000 pacientes con un plazo mayor al estipulado legalmente (50 días) y el periodo medio de espera alcanza los 172 días, 82 en el Área IV del Noroeste.
En cuanto a las infraestructuras educativas, esperemos que este año 2023 sea, entre otras, el año de la sustitución de la cubierta de fibrocemento del Instituto Ginés Pérez Chirinos, ya presupuestada por tercer año consecutivo, aunque visto el historial de ejecución presupuestaria en esta materia desde que López Miras ocupa la presidencia del gobierno regional, un 47% de lo presupuestado, mucho nos tememos que tenga que esperar a mejor momento.
