Francisco Fernández García (Archivo Municipal de Caravaca de la Cruz)

Desde siempre las épocas de recesión y crisis económica han propiciado el aumento de la delincuencia, ya que una forma de subsistir para mucha gente carente de recursos es el robo y la realización de delitos de mayor o menor consideración. Un ejemplo de esto lo encontramos en los años finales del siglo XVIII.

Durante el verano de 1793 proliferaron en el término municipal de Caravaca y pueblos circunvecinos cuadrillas de «contrabandistas, ladrones y malentretenidos» que recorrían los campos violentando, molestando e insultando a los labradores, robándoles su ganado, en especial el equino «ser mas proporcionado para el seguimiento de su inicua carrera» y apropiándose de cuanto podían. Curiosamente también les obligaban a incumplir las leyes que obligaban a compra el tabaco en los estancos oficiales para comprárselo a ellos al precio que querían, muy por encima del importe del mismo.

La situación llegó a ser insostenible cuando comenzaron también a actuar contra las personas del primer estado que pasaban la época estival en sus haciendas del campo y a amenazar con raptar a las mujeres. En este estado de cosas muchos comenzaron a cerrar sus caseríos y cortijos y trasladarse a la población en busca de seguridad y refugio.

La protección que buscaban en las ciudades se vio muy disminuida cuando empezaron a observar que en mas de una ocasión estos malhechores habían realizado visitas nocturnas a la población, aunque no se habían producido problemas de importancia pero temerosos de que la situación cambiase y considerando la inexistencia de tropa que los defendiera y que pudiera «contener a esta clase de gentes» el 2 de septiembre de 1793 acordaron escribir una carta al Rey, juntamente con los ayuntamientos de Cehegín, Moratalla y Calasparra, solicitando el envío de una compañía de fusileros con sus correspondientes cabos y bajo el mando de un comandante para que protegiesen a los  habitantes de las cuatro poblaciones, siguiendo el ejemplo y regulaciones de las existentes en las ciudades de Granada y Valencia, entre otras.

Mientras se recibía contestación sobre esta demanda D. Francisco Valero y Cárdenas, Gobernador y Alcalde mayor de Caravaca, se dirigió a los diputados de los distritos rurales para que extremasen la vigilancia, dando inmediato aviso en cuanto aparecieran algunas de estas cuadrillas, para poderlos socorrer con las escasas fuerzas de que disponía. El por su parte se comprometía a continuar cumpliendo las órdenes reales que obligaban a hacer salidas y reconocimientos periódicos con los alguaciles mayores de la villa de Caravaca y su campo para intentar apresarlos, recordando a los diputados que estaban obligados a auxiliar con el número de personas que pudiesen para poder realizar esta labor.

Al día siguiente, 3 de septiembre, se dictó orden para que la Justicia de Caravaca practicase reconocimiento de todo el término municipal visitando todos los cortijos,  casas de campo y cualquier otro lugar donde pudiesen albergarse y esconderse los «ladrones, facinerosos, contrabandistas, malhechores y de vida licenciosa», así como las posadas, mesones y tabernas, dando resultados de sus resultados quincenalmente para remitir esta información al Corregidor de la ciudad de Murcia para que a su vez este la enviase a la Sala del Crimen de la Real Chancillería de Granada.