Francisco Fernández García (Archivo Municipal de Caravaca de la Cruz)
La concesión de la licencia real para la celebración del mercado semanal de Caravaca se produjo en 1794, sin embargo los trámites se iniciaron mucho antes, ya que se necesitó de un dilatado proceso administrativo desarrollado a lo largo de 20 años y del que encontramos su principio en la exposición que el personero del común y los diputados de Caravaca realizaron al ayuntamiento el 25 de abril de 1774 manifestando la necesidad de su existencia tanto para la dinamización del comercio local como para asegurar el abastecimiento de la población. No obstante no fue hasta el 30 de julio cuando de forma oficial se solicitó al Rey la concesión de una licencia para celebrar un mercado semanal «libre y franco de toda carga», remitiéndole un memorial en el que se exponían diversos argumentos para lograr su aprobación, entre ellos el incremento del número de habitantes que había alcanzado en ese año la cifra de 2.000 vecinos y la fertilidad de su huerta y campo con la consecuente abundancia de cosechas, que abastecían no solo a la población de Caravaca sino también a los pueblos vecinos. Además destacaron el hecho de que los otros lugares del Reino de Murcia donde se celebraban mercados semanales, que eran Murcia, Lorca y Totana, se encontraban tan alejados que la realización de uno en Caravaca no interferiría en ellos en forma alguna. Finalizaban su pretensión reseñando las grandes ventajas que tendría para los vecinos de Caravaca, que podrían dar fácil salida a su producción agrícola y a las manufacturas que elaboraban.
A partir de aquí se inició un largo proceso en el que intervinieron diversos organismos desde el Real Consejo de Castilla hasta el Intendente de Murcia; precisamente fue este último quién ordenó la celebración de un concejo abierto al que debían de asistir las Justicias y personeros de los tres pueblos mas cercanos (Moratalla, Cehegín y Bullas), que tuvo lugar el 21 de noviembre de 1794 a las 9 de la mañana. Los acuerdos adoptados en el fueron remitidos al Real Consejo el 8 de Julio de 1782 acompañados del resto de la documentación en la que se incluía una amplia información sobre la situación económica del municipio elaborada por la Justicia de Caravaca. Se remitió toda la información a la Corte para que pasase a ser dictaminada al Procurador General del Reino y a la Contaduría General de Propios y Arbitrios, llegando finalmente al Fiscal del Real Consejo, quién informó favorablemente. Posteriormente, el 23 de febrero de 1789, el Real Consejo de Hacienda también informó positivamente.
Entre tanto y para intentar acelerar mas el proceso se recurrió a la mediación de D. Antonio Martínez Salcedo, natural de Caravaca, quien desde su puesto en la escribanía del Despacho Universal de Indias había realizado con éxito diversas gestiones por encargo del ayuntamiento caravaqueño. Finalmente, y tras nuevas declaraciones e informaciones del Fiscal, el 6 de Mayo de 1794 el Rey Carlos IV otorgó la referida licencia. La Real Provisión llegó a Caravaca el 13 de mayo de 1794 siendo informado ese mismo día de su contenido el Alcalde Mayor, quién la obedeció y dispuso su lectura y acatamiento por los regidores en la sesión que se celebraría al día siguiente y en la que también se acordaría la comunicación a los pueblos mas cercanos para «que les conste y concurran a el con sus géneros y frutos».
El 16 de junio de ese año se adoptaron los acuerdos finales, decidiéndose que el lugar donde se instalaría sería la plaza pública (actual Plaza del Arco) y los días de celebración los lunes, excepto cuando hubiese feria.
A pesar de los muchos años de espera y de las numerosas diligencias practicadas para su consecución su aceptación fue al principio muy escasa ya que los comerciantes se mostraban recelosos. El historiador Agustín Marín Espinosa señala que el primer mercado tuvo lugar inmediatamente, sin embargo esta información es contraria a la conservada en el ayuntamiento que, en enero de 1795, declaró que todavía no se había podido celebrar ninguno ya que «no ha concurrido a el persona alguna ni vecino ni forastero a vender sus frutos y géneros, ni mercaderes». La necesidad de poner en funcionamiento lo mas rápidamente posible el mercado para incrementar los fondos municipales y obtener recursos económicos para hacer frente a los gastos de administración y la cuota fija que estaba obligado a satisfacer a la Real Hacienda motivó que en octubre de 1795 el ayuntamiento publicase un bando obligando a los tenderos y artesanos a acudir a la plaza los días de mercado a vender «las especies y efectos que tengan en sus casas y tiendas» bajo multa de 4 ducados.
