Francisco Fernández García
Archivo Municipal de Caravaca de la Cruz
El próximo lunes se cumplirán 77 años de uno de los sucesos más destacados y desconocidos de la historia de Caravaca en el siglo XX, el robo de la Vera Cruz de su Santuario hecho que tuvo lugar durante la noche del 13 al 14 de febrero de 1934. Era martes de carnaval y en todas las casas se celebraba la “noche del reventón”, además se realizaban varios bailes en distintos locales de la ciudad por lo que el incidente no se conoció hasta la mañana del día 14 cuando varias personas accedieron al interior del templo alertadas por los sospechosos descubrimientos de una cuerda colgada en la muralla y un boquete en la Puerta de San Lázaro efectuados por unos niños. Se inició entonces un largo proceso de investigación que se desarrolló durante 3 décadas finalizando oficialmente en 1959 con el sobreseimiento del caso sin llegarse a aclarar las circunstancias que realmente sucedieron.
Aunque los primeros indicios parecían señalar que se trataba de un robo lucrativo, el hecho de que los ladrones no se llevasen otros objetos de gran valor que se guardaban en el mismo lugar que la Cruz indicó claramente que las motivaciones fueron bien distintas, por lo que pronto surgieron entre los caravaqueños todo tipo de conjeturas, posicionándose cada cual según su ideología política, achacando los de derechas la culpa de lo sucedido a los de izquierdas y viceversa.
En cuanto se conoció el triste suceso el titular del juzgado de Caravaca D. Andrés León Pizarro asistido por el secretario D. Eduardo López de Haro, ordenó la instrucción del oportuno sumario disponiendo como primera diligencia la inspección ocular del lugar del suceso, donde a lo largo de la mañana se había ido concentrando una gran cantidad de personas con la esperanza de conocer mas noticias sobre el robo al tiempo que mostraban su repulsa ante lo sucedido. Dos días después fue nombrado un juez especial para la instrucción del sumario, siendo el elegido D. Antonio Álvarez del Manzano y García Infante, juez de instrucción de Daimiel (Ciudad Real); los interrogatorios se sucedieron llegándose a producir algunas detenciones de personas de ideología izquierdista, que fueron poco después puestas en libertad ante la falta de pruebas incriminatorias. El clima de la ciudad se fue enrareciendo, extendiéndose las sospechas desde el capellán del santuario hasta elementos cercanos al ayuntamiento gobernante.
La instrucción del caso fue realmente corta ya que a principios de abril el juez especial dictó una providencia dándola por concluida, en el sumario instruido en 1939 uno de los declarantes indica que tomó está decisión atemorizado por los anónimos amenazantes que había recibido. Esto irritó y convulsionó aún más a la población, entre la cual continuaban los rumores y cruces de acusaciones. La tensión fue tal, que a fines de abril el comentario de una gitana que afirmaba que había soñado que la Cruz se encontraba oculta bajo una de las losetas de la vivienda del capellán provocó que un grupo de ciudadanos se dirigiese al castillo agrediendo al sacerdote, que fue conducido entre empujones y golpes hasta la plaza, donde finalmente y gracias al alcalde pudo refugiarse en el ayuntamiento.
En mayo, la Sección 1ª de la Audiencia Provincia de Murcia acordó el sobreseimiento provisional del caso, dejando sin efecto todos los procesamientos. En agosto, el juez suplente, D. Manuel Martínez Alcayna, manifestó su intención de reabrir el caso, pero poco después fue asesinado de un disparo cuando salía del juzgado por José de Luelmo Asensio, uno de los implicados en el robo según las primeras diligencias, pero que había sido puesto en libertad por falta de pruebas. Posteriormente fue juzgado por este caso y condenado a 33 años de prisión, habiendo quedado demostrado en el juicio que los motivos que le llevaron a disparar contra el juez no tenían relación alguna con el robo de la Cruz. Luelmo comenzó a cumplir la condena pero fue puesto en libertad en 1936 gracias a la amnistía decretada por el gobierno tras el inicio de la guerra civil. Tras la muerte de Martínez Alcaynala Audiencia de Murcia ordenó reabrir el sumario, encargándose el mismo al juez de instrucción de Lorca que realizó algunas diligencias a finales de agosto, según relata la prensa de la época, concluyéndolo de manera poco habitual.
Finalizada la guerra se constituyó en Caravaca un Juzgado Militar con el objeto de castigar los delitos cometidos durante la misma, en especial los asesinatos que tuvieron lugar en el Castillo, que fue convertido en prisión los primeros meses de la guerra. A pesar de estar fuera de sus competencias este juzgado, a cuyo frente figuraba D. Francisco Redondo Pérez, decidió reabrir el caso a instancias de D. Mariano Martínez-Carrasco y Ródenas, que fue también el primero en declarar juntamente con D. Tomás Hervás García, arcipreste de Caravaca. Los inculpados volvieron a ser los mismos que en la instrucción de Álvarez del Manzano, algunos de los cuales se encontraban presos en esos momentos. Estas diligencias comenzaron el 28 de abril de 1939 pero, a diferencia de lo sucedido en la instrucción anterior, algunos de los implicados reconocieron su participación en los hechos, evidenciando así los métodos coercitivos aplicados en los interrogatorios que ponen en duda la veracidad de las confesiones. Años después los que habían expresado su participación en los hechos y que aún continuaban vivos se retractaron de sus declaraciones justificándolas “por los malos tratos recibidos en la prisión y las amenazas de castigos y represalias”.
El 26 de septiembre de 1939 el juez militar dio por terminadas sus actuaciones enviando un informe al Auditor de Guerra de Murcia, culpando del robo a la masonería y a las autoridades de la época que contaron con la complicidad, tal vez obligada, del capellán del castillo, al que no se había podido volver a interrogar por haber fallecido en 1936 poco antes del inicio de la guerra. El 20 de octubre de 1939 fueron fusilados en los muros del cementerio municipal, por otros delitos distintos al robo de la Cruz, cinco de los presuntos implicados, perdiéndose de esta manera la posibilidad de seguir indagando en el asunto.
El 1 de marzo de 1945 se hizo cargo de la instrucción el juez D. Pedro Álvarez-Castellanos Larrosa, quien dictó varias providencias volviendo a interrogar a algunos de los presuntos culpables, uno de los cuales llegó a afirmar en su declaración que “el robo de la Cruz fue obra de gentes de derechas a juzgar por ciertas señales y hechos como la manifestación que organizaron para asaltar el Ayuntamiento”; no obstante, los que mantienen su participación en los hechos recibieron un trato de favor y fueron trasladados a prisiones cercanas a Caravaca. El 30 de junio de ese mismo año se dictó auto de procesamiento contra Adolfo Guirao Álvarez “el colorao”, Carmen Fernández Medina “la Socorrica” y José Pastor García “Quico el perdigón” por complicidad en el robo y el 10 de agosto se dictó orden de busca y captura contra Juan Picón Ruiz, señalado por algunos testimonios muy poco creíbles como el que retuvo la Cruz tras el robo.
Así continuaron las cosas hasta el 23 de julio de 1959, fecha en que la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Murcia, ordenó el sobreseimiento provisional del sumario, dejando sin efecto el procesamiento y la busca y captura de Juan Picón Ruiz, sobre el que dictó una nueva orden una semana mas tarde, que fue definitivamente anulada el 7 de agosto de ese mismo año, finalizando así las indagaciones judiciales para descubrir los autores materiales del robo de la Vera Cruz de Caravaca y el método utilizado en el mismo.
